La Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta informó que se destruyeron más de 10 millones de cajetillas de cigarrillos, que fueron decomisadas en diversos procedimientos realizados entre los años 2018 y 2021 por las Aduanas de la Macrozona Norte.
Dicha eliminación, está avaluada en más de 25 mil millones de pesos y corresponde a la última etapa de un proceso que inicia con la labor de inteligencia para detectar la mercancía ilícita en cargas marítimas, aéreas o terrestres, y que implican un daño para el comercio lícito, el ingreso tributario y la salud de las personas.
El director de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, señaló que "estamos muy satisfechos con esta eliminación que estamos encabezando como Dirección Regional de Aduanas para la Macrozona Norte. En conjunto con la Subdirección Administrativa del Servicio hemos tomado todos los resguardos para que fuera un proceso de destrucción eficiente y limpio, lo que nos asegura que los residuos no se puedan mal utilizar".
Cabe destacar que la destrucción de cigarrillos cada vez cobra mayor relevancia debido al aumento sostenido de incautaciones de este tipo de productos por parte de Aduanas. Solo en el primer semestre de 2021, se incautaron 10.901.069 cajetillas a nivel nacional, con una evasión controlada superior a los 26 millones de dólares.
Según el último informe de Lucía Dammert “Contrabando de cigarrillos como forma de criminalidad organizada”, controlar el contrabando es de suma relevancia debido a su vinculación con otros mercados ilícitos a través del crimen organizado: como lo es el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, migrantes y otras mercancías que incluye también a las que son permitidas en la economía legal, como los cigarrillos.
Ya fue aprobado en mayo de este año el Proyecto de Ley que modifica la Ordenanza de Aduanas en materia de endurecer las sanciones al delito del contrabando de cigarrillos, que implica en el caso del delito por sobre las 25 UTM, la condena de multa entre 1 a 5 veces el valor de la mercancía, y la privación de libertad en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).
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